ACTA n.° 06-2008

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las nueve y cuarenta minutos del dos de octubre del año dos mil ocho. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; el  Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, la Licda. Lilliam Gómez Mora en representación del Ministerio Público;  el Lic. Allan Fonseca Bolaños, subdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, jefa de la Defensa Pública, el Dr. Víctor Ardón Acosta, juez del Tribunal Superior de Trabajo, el Dr. Rafael  Ángel Sanabria Rojas, juez  del Tribunal de Casación Penal, el M.B.a. Mauricio Quirós Cascante, en representación del Departamento de Personal y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, secretaria de la Escuela Judicial.

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AGENDA

1.	Aprobación del acta n.º 04-2008 del veintitrés de abril y n.º 05-2008 del 06 de junio del 2008.
2.	Oficio n. º 7553-08, acuerdo del Consejo Superior, sesión n.° 052-08 celebrada el 17 de julio del 2008, sobre directrices de acatamiento obligatorio para la capacitación y oficio n.º 6822-08, acuerdo de la Corte Plena,  sesión n.° 22-08 celebrada el 23 de junio del 2008, en donde se solicita a la Escuela que formule una propuesta de Plan Políticas de Capacitación.
3.	Documento Pedro Haba.
4.	Oficio n. º 4544-08, acuerdo del Consejo Superior, sesión n. º 32-08 celebrada el 30 de abril del año en curso en que dice: Aprobar la elaboración del manual básico de funciones de los jueces penales, que considere al menos los acuerdos de Corte Plena, del Consejo Superior, el Manual descriptivo de Clases de Puestos vigente, los pronunciamientos de esta Comisión de Asuntos Penales, a cuyos efectos el Consejo de Personal y el Consejo Directivo de la Escuela Judicial tomarán nota para lo que corresponda. un manual en lo que resulte pertinente y se remita un ejemplar a cada Despacho.
5.	Oficio n. º 5628-08, acuerdo del Consejo Superior, sesión n. ° 043-08 del 10 de junio del 2008, dispuso solicitar a la Jefatura del Servicio Médico para Empleados informe sobre lesión de Mónica Zarate.
6.	Oficio n. º 6946-08, acuerdo de la Corte Plena, sesión n. ° 027-08 del 18 de agosto del 2008, dispuso aprobar el “Convenio para estudios de posgrado en la Especialidad de Medicina Legal entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica”.
7.	Oficio n.º 158-08, suscrito por la Licda. Kattia Campos Zuñiga, jefa de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en donde solicita aprobar la suspensión de la capacitación programada en la Plan Anual 2008 para el segundo semestre.
8.	Solicitud de remisión de los planes de Capacitación de las unidades y asociaciones al 31 de octubre 2008.
9.	Asuntos varios.

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ARTÍCULO I

Se acuerda dejar la aprobación de las acta n. º 04-2008 del veintitrés de abril y n.º 05-2008 del 06 de junio del 2008, para la próxima sesión del Consejo Directivo.

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ARTÍCULO II 

La Sra. Catalina Conejo Valverde, prosecretaria general interina, en oficio n.º 7553-08 del 04 de setiembre de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:
Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 052-08 celebrada el 17 de julio del presente año, que literalmente dice:
“ARTÍCULO XXXI  

La Integrante Milena Conejo Aguilar señala que es  importante que el Consejo Superior adicione algunas reglas que deben seguirse para la aprobación de las actividades de capacitación, por cuanto se siguen presentando problemas, sobre todo con jueces o juezas, ya que no se conoce al momento de aprobar las solicitudes si tienen o no suplente, si tienen diligencias que no pueden delegar, como por ejemplo cuando están en deliberación o se trata de una continuación de juicio. Además de las dudas sobre la pertinencia de la capacitación en algunos casos. 
Por lo anterior se debe hacer saber tanto a la Escuela Judicial como a las Comisiones y grupos que organizan estos eventos las  medidas que deben cumplir para que sea aprobada la actividad. 
Luego de discutir ampliamente el tema se acuerda comunicar a la Escuela Judicial, comisiones y demás organizaciones del Poder Judicial que realizan actividades de capacitación las siguientes directrices de acatamiento obligatorio, las que serán verificadas por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia previamente a conocer la gestión: 1) Cuando se hagan convocatorias, deberán seleccionar solo a los servidores que se desempeñen en puestos o materias en las que sean de aplicación los conocimientos a impartir, debiendo actualizar los datos en vista de la constante rotación de servidores. Asimismo considerarán convocar de forma directa al personal,  atendiendo las necesidades de capacitación que se detecten por oficina, región, materia, entre otros, con el fin de direccionar el aprendizaje a los grupos que más lo requieren, y que su vez las estas personas transmitan a sus demás compañeros y compañeras los conocimientos adquiridos. 2) Las personas seleccionadas deberán contar con el visto bueno de su superior jerárquico inmediato, en el caso de los despachos colegiados del juez o jueza coordinadora, y cuando se trate de un juez o jueza  que ocupa el cargo de coordinación deberá tener el visto bueno de la Presidencia de la Corte. 3) Las gestiones deberán indicar  el nombre de los servidores  y servidoras que requieran de sustitución, en el entendido que conforme lo dispuso este Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo LXXXII, publicado en la circular N° 20-08 del año en curso, no podrán asistir a la actividad aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, no cuenten con sustituto, y bien este no haya  asumido el puesto. Deberán considerar que cuando el servidor o servidora convocada ocupa una plaza extraordinaria no puede ser sustituida, en ese caso será este Consejo el que valorará si se autoriza o no la asistencia a la capacitación. 4) En ningún caso se autoriza, que con motivo a la asistencia a una actividad de capacitación, se suspendan diligencias o audiencias orales previamente programadas. 5) Las actividades de capacitación que organice el Poder Judicial, deberán ser coordinadas con la Escuela Judicial, con el fin de verificar que se cumplan estos lineamientos y partir del año 2009 deberán ser incluidas en el Plan de Capacitación de la Escuela Judicial, salvo aquellas  que surjan con ocasión de una necesidad especial que deba ser atendida con urgencia.  6) Reiterar a la Escuela Judicial, como ente rector de la capacitación, que debe velar porque se cumpla con la directriz de este Consejo de que los y las servidoras judiciales asistan a un máximo de 3 actividades por año, con el fin de que tengan oportunidad de participar el mayor número posible de servidores.”  
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La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, en oficio n.º 6822-08 del 13 de agosto de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:

	Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión No. 22-08, celebrada el 23 de junio en curso,  que literalmente dice:

“ARTÍCULO XV

	ENTRAN LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS MORA, VARGAS Y SOSTO LOPEZ. ASUME DE NUEVO LA PRESIDENCIA EL MAGISTRADO MORA.

Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “El Consejo Asesor en su oportunidad discutió sobre un problema que estamos teniendo últimamente en relación con una cantidad bastante grande de permisos que debemos resolver todas las semanas y una cantidad importante de esos permisos se refieren a temas de capacitación, no solamente de la Escuela Judicial sino también de Comisiones, y no hay semana que no tengamos que hacer una cantidad de nombramientos bastante grande y esto  ha conllevado que haya una muy intensa movilidad en la judicatura, movilidad que en la Presidencia llegan constantemente las quejas de los abogados y que tenemos que verla en el Consejo Superior  para ver cómo hacemos con las suplencias y también en la Comisión de nombramientos, en donde en algunas semanas vienen siendo 60  ó 70 nombramientos por semana; esto conlleva que al mes tengamos como 150 nombramientos y si somos 800  y tantos jueces pues es realmente grande la cantidad de permisos que se están  dando.
Uno de los problemas que tenemos  es que no hay planificación, la Escuela Judicial hace convocatorias, las Comisiones hacen convocatorias, y al final de cuentas hay una cantidad importante de jueces que están fuera de sus labores. Algunos abogados me decían que habían apreciado muy bien la capacitación que se ha dado en género en el Poder Judicial y la capacitación que se dio en oralidad últimamente porque -me decían- han visto un cambio de actitud bastante en los servidores judiciales, pero que lo mismo no se veía con otra cantidad importante de cursos que tenemos en donde el rendimiento de los despachos se ve afectado por la no asistencia de los jueces, y no se ve enriquecido por las enseñanzas que deberían estar recibiendo. En una  oportunidad una abogada muy indispuesta me llamó, estaba ella en uno de  los cantones de Guanacaste, porque resulta que había ido hacía un mes a ver un expediente y  hablar  con el juez, y no estaba, fue quince días antes a retirar un cheque y hablar con el juez y tampoco estaba, y ese viernes me dijo que hiciera algo para ver cómo el juez la iba atender a ella porque tampoco estaba ese día. Recuerdo que tuve que llamarle porque estaba en Liberia en  una reunión y que se fuera para el lugar  y pudiera hacer la atención del momento. 
Seguramente a don Alfonso también le ocurrió en los días que estuve incapacitado, pero los jueves y los viernes ya casi no tenemos como nombrar suplentes, porque ya muchos de los suplentes están nombrados como propietarios en otras partes y muchos están ocupados; y ahora que estamos regionalizando la capacitación también los permisos se dan constantemente. Yo diría que si por lo menos nosotros pudiéramos poner algunas restricciones para que los martes, miércoles y jueves fueran lo menos posible utilizados para temas de esta índole y ojalà que lo pudiéramos concentrar los lunes y ver si se puede en algunas horas que no sean laborales. Ya varias Escuelas Judiciales de América Latina han estado emigrando hacia horas no laborables para la capacitación.
Lo que yo le propuse en ese momento al Consejo Asesor es que le planteáramos a la Corte una moratoria en cuanto a los permisos y que dijéramos que por lo menos durante  tres o seis  meses no se van a conceder permisos y todo el mundo en su puesto. Sé  que la medida es un poco drástica pero yo quisiera plantear este tema y tenemos que analizarlo y ver de qué manera tratamos de ver cómo resolvemos esa situación que ya en algunos casos se nos vuelve inmanejable.”
         El Magistrado Chaves indica: “Le agrego a todo lo que  usted está diciendo, que suscribo, que también por aparte los funcionarios nos conseguimos capacitaciones en otros lugares, y eso se suma a los que salen. También las Comisiones hacen actividades no sólo de capacitación sino de otro tipo con lo cual se agrava el problema.
Una vez un abogado amigo mío me dijo que él estaba convencido que los funcionarios judiciales  de Costa Rica eran los más capacitados del mundo pero que nunca estaban trabajando, y a mí me pareció muy exagerado pero después de ver todos los permisos que damos ya comenzó a no parecerme tanto. El problema yo inclusive no lo deslumbro desde el punto inclusive  económico, que sí lo, porque  las sustituciones es un rubro importante en el Poder Judicial, sino el del servicio. Normalmente ese fenómeno de la no posibilidad de la sustitución se daba en los lugares muy alejados como Bribrí, Guatuso, los Chiles; y es que va más rápido la movilidad laboral nuestra de permisos y de capacitaciones que la calificación de elegibilidad que hacemos, no hay  esa proporción que debería de darse y si a eso le sumamos también Defensa Pública, Ministerio Público, O.I.J en cuanto a capacitación y a gente que traemos de esos lugares para efectos de llenar puestos de jueces; entonces en realidad si llenamos el puesto de juez desatendemos la Defensa Pùblica, Ministerio Público y cualquier otra de esas áreas. Entonces sí creo que de alguna manera tenemos que buscar una solución porque el servicio que estamos prestando  no es el más adecuado. Recuerdo también algunos casos de  lugares lejanos de  San José, estoy hablando de la Zona Norte y parte de Limón, en la cual  o hemos negado de alguna forma la capacitación con la injusticia que eso significa de que los que estamos aquí en el centro sí nos capacitamos más o hemos dicho que ojalà que no pase nada véngase a la capacitación  pero no hay el juez que lo pueda sustituir. Y a veces hacemos capacitaciones de un miércoles en la tarde, recuerdo una, en la cual citamos a gente de Bribrí, Corredores y de Buenos Aires, y si esa gente tiene que venirse en la mañana de ese día e irse jueves; o sea, se perdieron como dos días y lo lógico serían que esas capacitaciones las hagamos o el viernes o el lunes y no a mitad de la semana porque ahí causamos mucho tipo de inconveniente. 
Yo por supuesto que estoy de acuerdo con la capacitación y he sido de los favorecidos porque la Escuela Judicial me tomó en cuenta para capacitarme y supuestamente para dar una capacitación, pero sí creo que han proliferado ahora mucho más las capacitaciones con otros entes que están a la par de la Escuela y reconociendo la necesidad de la capacitación también reconozco la necesidad de buscar un sistema que no implique que abandonemos siempre las funciones nuestras y no estemos brindando el mejor servicio. Y es que al decir no sólo la capacitación porque utilizamos gente para que se capacite y gente para que capacite -principalmente jueces-  con lo cual entonces en las dos vertientes estamos abriendo huecos en los tribunales y en los juzgados y esos necesariamente no se llenan. Sumémosle también a la gente que sacamos para la preparación de códigos y para la preparación de otro tipo de actividades y entonces en realidad estamos desatendiendo de alguna manera los tribunales y los juzgados en detrimento en el servicio público y dando una mala imagen ante los usuarios nuestros.”
La Magistrada Varela dice: “Este es un tema que es delicado, ¿y por qué digo esto?, porque primero la ley dice que es un deber de asistir cuando se le llama a capacitación. Yo entiendo que se estén dando estos trastornos pero me parece que tomar una medida así de precipitada hay que tener mucho cuidado; yo diría que lo que debe de hacerse es primero un estudio para determinar la programación de capacitaciones que tiene programada la Escuela Judicial, además las capacitaciones que tienen en proyecto digamos capacitación in sito como ocurre en materia de familia -entre otras-, o sea,  hacer ese estudio para ver cuál es la programación que existe y después de eso entonces poder tomar una medida en ese sentido; y si no pensar hacia el futuro  para proyectar en qué tiempo de plazo de espera, como dice don Luis Paulino que se va a dar, para efectos de que en ese período no se va a dar capacitación a nadie y cuando digo nadie debe ser en todas las áreas, porque también recordemos que el tema de la capacitación lo utilizan muchos funcionarios por un bendito cartón, que les va a representar puntos dentro de la escala y para carrera profesional también. Entonces, tenemos que ver cuáles son esas necesidades y cuáles son las programaciones. En una oportunidad ya lo había planteado que las Comisiones que están atendiendo las diferentes jurisdicciones se dan cuenta de inmediato cuáles son las verdaderas necesidades, en qué punto y en qué áreas es que se requiere la capacitación. Y podría cambiarse el tema de los permisos por un sistema como ocurría en el pasado, con el sistema de asesores de la Escuela Judicial, esto significa que algunas y algunos funcionarios van a tener que ser sustituciones pero son los menos, ¿para que?, para ir a dar asesoría y capacitación in sito en el mismo despacho. Podría pensarse que tiene su costo, sí, claro que tiene su costo, pero les aseguro que si hacemos un estudio de como ocurría en el pasado con ese sistema y creo que muchas y muchos de los que están aquí abordaron este tipo de capacitación, va a ser más beneficioso para los funcionarios, para el sistema judicial y más económico. Por eso yo instaría más bien a que se retome este programa y si aún así se va a pretender que por un tiempo no se de capacitación que sea general pero previo estudio de todas las programaciones de todas las áreas.”
         La Magistrada Calzada adiciona: “Yo estoy de acuerdo con lo que señala doña Julia al inicio de sus palabras, señalando que la capacitación es un deber que tiene la institución con los funcionarios del Poder Judicial. Me parece que el problema no radica en la capacitación que brinda el ente encargado de la capacitación del  Poder Judicial,  que es la Escuela Judicial, a mí lo que lo que me parece que está ocurriendo y se lo manifesté a don Luis Paulino, es que no hay un ente rector de la capacitación, entonces hay muchas capacitaciones por muchas comisiones, hay capacitaciones que vienen del extranjero y están las capacitaciones propias  de la  Escuela, a lo que se ha decidido en el año anterior que es dónde debe de orientarse la capacitación, el área que por estudios técnicos se demostró que es la que necesita la capacitación en el año que está corriendo. Entonces considero que lo que hay que buscar es ordenar las  capacitaciones para que se vayan programando a su debido tiempo y no duplicar capacitaciones.
Yo nunca he estado de acuerdo, por una cuestión de género, con el hecho de que las capacitaciones se den los sábados o se den en horario vespertino, ¿por qué?, porque todos sabemos que  las mujeres cumplen una doble o triple función y cuando salen del  Poder Judicial tienen que ir a sus casas a cuidar a sus hijos, entonces se quedan sin la capacitación que da el  Poder Judicial. Desde ese punto de vista el buscar capacitaciones fuera de horarios  del  Poder Judicial me parece que iría en desventaja de la mujer  que trabaja en el  Poder Judicial. Pero sí me parece que podríamos ordenar las capacitaciones si tuviéramos un ente rector, llámese Escuela Judicial, Consejo  de Personal, llámese quien sea; la cosa es que ese ente rector sea el que autorice las capacitaciones para que entonces pueda  programarlas durante el año y ver qué capacitaciones están coincidiendo y cuáles no.”
         La  Magistrada León manifiesta: “Yo entiendo y así lo he manifestado cuando don Luis Paulino en el Consejo Consultivo lo ha planteado, la preocupación que genera en la prestación del servicio público el exceso de permisos y de posteriores sustituciones en cadenas muchas veces, y el costo que esto representa tanto para el servicio como para el presupuesto, pero es que esto también da al traste con algo que la misma institución ha venido implementando y aceptando, que son el permitir que el Departamento de Recursos Humanos pueda establecer cursos de inducción a distancia en muchas áreas porque se estima que no son los cursos  de capacitación académica que imparte la Escuela Judicial, y también una política que ha sido de mucho provecho en la perspectiva de las Comisiones, de la  Escuela Judicial  de facilitar a un capacitador para que pueda elaborar el planteamiento y las dinámicas de los cursos de capacitación que se dan. Entonces tampoco podríamos nosotros desatender que se han aprobado políticas institucionales sobre poblaciones específicas, me refiero a género, a personas con discapacidad, al tema de valores donde parte de lo que esta Corte ha aprobado se refiere justamente a  cursos y talleres de sensibilización y de capacitación que vienen a ser en definitiva la herramienta básica para lograr esos cambios actitudinales que don Luis Paulino señalaba que son visibles en algunas áreas como la oralidad y género y que tal vez no tanto en las otras, bueno, pareciera entonces que las otras habría que reforzarlas  para que el cambio sea visible, pero cómo desatender entonces mandatos que nos vienen por otras vía y por otros acuerdos de esta Corte en función de un tema que también es muy preocupante. Pero el común denominador de quienes me han precedido en el uso de la palabra, me parece a mí que es ordenar y planificar, porque don Luis lo señalaba, lo señalaba también don Alfonso en el sentido de la necesidad de contar con un sistema que no afectara tanto; doña Julia hablaba de la necesidad de un estudio para llegar a establecer la planificación y doña Ana Virginia de cómo ordenar; entonces yo, y así lo había manifestado, no podría perteneciendo a Comisiones que atienden poblaciones excluidas o en condición de vulnerabilidad donde la primera barrera a romper es la actitudinal y donde he participado durante muchos años en la Comisión de Género y lo fui también en la de Valores y saber que esa es la herramienta para  lograr los objetivos, pues venir a decir que hagamos una moratoria o que dispongamos eso, cuando yo creo que existirían -aunque yo no las conozcan porque no soy administradora- algunas medidas alternas que permitan  de alguna forma conciliar ambos interés porque también es un deber institucional, y lo señalaba doña Ana Virginia, el tema de la capacitación. ¿Entonces cómo conciliar dos intereses de mucho peso el servicio público y el deber y el derecho a ser capacitados?. Creo que el punto estaría en venir a restringir, porque todos sabemos que también y no podemos tampoco reglamentar  en función de las excepciones que hay personas que abusan y abusan en el tanto los mismos compañeros que asisten al Consejo nos señalaban como con frecuencia son los mismos los que piden permiso para asistir, para ir y para repetir incluso cursos. Entonces cómo establecer que sólo una vez o dos veces al año y que también las Comisiones partiendo de esto podamos unir esfuerzos y aprovechar  una misma convocatoria y tal. O sea, que en resumidas cuentas pareciera que el tema se orienta a buscar mecanismos que permitan ordenar y conciliar en función de no dejar de atender la  sensibilización como parte de una capacitación necesaria para enfrentar un cambio actitudinal para la implementación de este tipo de medidas.”
         El Magistrado Cruz menciona: “A mí me parece que quizás la respuesta la refirió muy bien doña Ana Virginia, en el sentido de que se requiera una planificación de las capacitaciones, pero sí creo que la llamada de atención que hace la Presidencia es necesaria. En el tema de capacitación por una distorsión del tema de género me parece que los cursos puedan tener dos tipos de horarios, un horario que facilite para cierto sector de la población el poderlo hace en horas de oficinas pero también el mismo curso pero los fines de semana. La experiencia que yo he tenido en capacitación en Centroamérica es que en muchos países especialmente recuerdo muy bien Panamá donde la capacitación se da  los sábados, no estoy seguro si los viernes en la tarde o todo el día pero que sí se da mucha capacitación los sábados y yo creo que es una llamada de atención importante porque el costo es muy alto, y ya de por sí  la capacitación es  necesaria.
Y quizás una llamada de atención que ya lo hemos hablado en alguna ocasión que también hay que revisar en la Carrera Judicial el tema de la acumulación de los puntos porque se vuelve un fin en sí mismo, y la verdad es que la capacitación es importante pero también la experiencia y los méritos en funciones son criterios determinantes  para el nombramiento;  si no se revisa eso lo que ocurre también es que hay una obsesión por acumular puntos porque cuesta mucho avanzar, eso lo comprendo bien, pero si se modifica ese sesgo también se podrían resolver muchos de los problemas de capacitaciones que no son necesarios o que la persona sólo va con el afán de acumular el punto o los puntos, eso va en función también  de algo que ya habíamos conversado del tema de género, a mí me parece que uno de los problemas del avance de las mujeres en la Carrera Judicial es que probablemente enfrentan grandes problemas de capacitación extrajudicial, y claro, me parece que se le da demasiado peso a los puntos acumulados en los títulos académicos, que probablemente habría que valorar eso y reducir su incidencia porque la verdad es que nosotros no estamos aquí en una carrera universitaria, sino que es personas o jueces y juezas que tengan muy buen criterio y buena formación, lo cual no significa que tenga que ser coincidente o paralelo con un doctorado o una especialidad, eso provoca también una gran inquietud para personas que no pueden tener acceso a eso y además no deja de tener una incidencia de tener  que estar haciendo un posgrado en servicio que no sabe en qué va a perjudicar si al servicio mismo o al propio posgrado en cuanto a  su nivel. No estoy proponiendo por supuesto la supresión pero sí la valoración de ese extremo porque también hace o provoca prácticamente una carrera en busca del título porque si no se obtiene el título no se logran los puntos  y a lo mejor esa no debería se el criterio determinante para designar una persona en funciones judiciales, pero si es para una cuestión académica esa es otra cosa.”
         SALEN LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y ESTRADA NAVAS.

         El Magistrado Aguirre menciona: “En realidad este tema nos ha venido preocupando desde hace bastante tiempo, esto porque la actividad de la  Escuela es importante y la judicatura obviamente que es el propósito nuestro fundamental y en algún momento encontramos con que una incide la otra. Normalmente las escuelas judiciales realizan dos tipos de actividad, una que es la actividad de formación, fundamentalmente encontramos las escuelas judiciales formando jueces, fiscales, eventualmente formando defensores públicos y aquí en Costa Rica creo que también hasta se forman policías. En fin, que una de las actividades principales de las escuelas judiciales es la formación; y otra, la capacitación que consiste en ir actualizando a los funcionarios en el conocimiento, en el saber de determinadas disciplinas porque estas se van modificando en el tiempo. Nosotros aquí en Costa Rica hemos construido toda una estructura material, jurídica y humana importante, yo no sé si será una de las más importantes del área donde nosotros estamos que hemos denominado Escuela Judicial, pero su actividad más importante está orientada a la capacitación, entonces sus baterías van hacia ahí, dirigida a darles mejores conocimientos a las personas que ya están nombradas, pero no encontramos que la Escuela Judicial  esté realizando actividad  de formación, fundamentalmente no lo está haciendo en judicatura. Sabemos que la Escuela está preocupada y que ha venido realizando tareas y actividades tendientes todas hacia  la  organización de esta otra actividad de la  Escuela. Yo creo que para solucionar este problema no sería aconsejable la solución drástica y tajante que nos señalaba el señor Presidente al inicio de esta discusión, o sea, nos decía no volver a dar permisos durante tres meses o durante todo este año, ¿por qué?, porque qué hacemos con esa estructura, qué hacemos con un programa que oportunamente se aprobó, en fin, creo que esa no sería la solución. A mí me parece que debemos de comenzar por ponerle cuidado a los programas que la  Escuela nos plantee en el futuro. En segundo lugar debemos preocuparnos porque la Escuela destine la mayor parte de su tiempo o por lo menos una parte importante de su tiempo a la actividad de formación que no estamos dando. En esta actividad no compromete a la judicatura ¿por qué?, porque va dirigida a personas que quieren ingresar, que van a ingresar, que estamos preparándolas para iniciar las funciones de juez. Pienso entonces que si esa es la falencia más importante que le podemos encontrar al sistema de carrera judicial que la Corte   debería de trabajar por darle a la institución  un sistema de formación inicial de jueces.
Recientemente hicimos una gira para ver el funcionamiento de otras carreras en algunos países  de Europa y no encontramos grandes diferencias con lo que nosotros tenemos, es decir, los mismos temas tal vez los hemos tratado de una manera nosotros y allá de otra, algunas veces los tratamos de  forma muy parecida, pero lo único que nosotros no hemos desarrollado o el único camino por donde no hemos caminado es el de la formación inicial de jueces, que nos decían en todas partes las escuelas judiciales nacieron y se justifican en la formación inicial de jueces, pero nosotros no tenemos la Escuela dirigida hacia esa actividad. Y no es que esté criticando a la Escuela Judicial, de ninguna manera porque sé que la Escuela se ha preocupado en los últimos años porque  se oriente su actividad hacia ese objetivo. Ese sería el segundo aspecto que yo señalaría que debiéramos de reforzar y de esa manera la actividad de capacitación  sería menor. 
También debemos de reestructurar la actividad de capacitación. Comparto plenamente esa preocupación de doña Ana Virginia de que hace falta un ente rector que  defina siempre cómo se da, a quién se da y en qué medida se puede comprometer la función de la jurisdicción. Yo no he revisado la legislación que tenemos, pero a mí me  parece que la Ley de Creación de la Escuela Judicial y su Reglamento, de repente que si lo vemos con detenimiento le dan a la Escuela esa posibilidad de dirigir lo que es la actividad de capacitación; inclusive  recuerdo que por ahí hay una norma que obliga a que se le pida el parecer a la Escuela para adjudicar becas, sin embargo me parece que la Corte nunca le ha pedido esa opinión a la Escuela, sino que se viene a la Corte y aquí tomamos la decisión  o sino otro camino, que es normal, pasa por el Consejo de Personal y de éste viene aquí pero casi siempre se omite el criterio de la Escuela sobre a quién se adjudican las becas y en qué materias, etcétera.
Finalmente creo que la actividad de capacitación debe ser reordenada -para utilizar alguna palabra- de tal manera que no se comprometa el desplazamiento de los jueces, que no los obliguemos a desplazarse grandes distancias. Recientemente teníamos una presentación que se nos hacía por parte de la AID sobre el Juzgado de Trabajo de Goicoechea, y unos expertos que analizaron la situación nos señalaban que encontraron ahí que había un desconocimiento del personal de apoyo, en el trámite de asuntos y fundamentalmente que había una preocupación de parte  de los jueces en relación con el manejo de temas de derecho público y derecho administrativo propiamente y en el caso de asuntos que  tienen que ver con el empleo público, ¿por qué razón?, bueno porque estos jueces se quejan de que su formación no comprende instituciones importantísimas que ellos tienen que aplicar con frecuencia, entonces nos decían que ahí hay una falencia y de antemano nos decían estos expertos que la Escuela Judicial podía cumplir ahí en el propio juzgado que  tiene tantos jueces, in sito, dando una capacitación al personal de apoyo y una capacitación a los jueces en esos temas tan importantes. O sea, que pienso que habría que reestructurar esto de esa manera y entonces yo sugeriría esos cuatro temas para pensar que si se puede trabajar en ellos y así lograr darle a  la Escuela pues una  eficiencia mayor y a su vez darle el papel que le corresponde  en el funcionamiento del  Poder Judicial.”
         La Magistrada Varela adiciona: “Para aclarar también que unas de las labores que ahora está haciendo la  Escuela Judicial  es que a las diferentes materias, por lo menos me consta en familia y laboral,  nos pidieron que les señaláramos cuáles eran los temas en que se sentían mayor necesidad de capacitación en estas áreas, para ellos programar las actividades académicas de capacitaciones. También el Director de la Escuela nos manifestó su anuencia  que le parecía muy bien el pensar en el tema de la capacitación in sito -como lo señalaba antes y también ahora lo reitera don Orlando- porque precisamente esa es una forma  más eficiente, sin mayor problema de desplazamiento para lograr que se capaciten ya no sólo el personal profesional sino incluso el mismo personal de apoyo, eso se favorece, y la experiencia que yo tuve en laboral en su  tiempo cuando estaba como asesora en la  Escuela Judicial, me decían que la gente quedaba muy satisfecha y la manifestación de la mayoría o de todos era “mire es que esto permite que yo no me salga de mi despacho,  que todo el mundo escuche las explicaciones sobre los temas que tenemos duda y no encontramos el problema de que me voy tres días y cuando regreso encuentro una pila de expedientes y lo que aprendí ni siquiera tengo tiempo de transmitirlo porque no me puedo convertir entonces en un agente multiplicador”. Entonces uno se pregunta ¿es eso lo que queremos?, ¿efectivamente estamos logrando el objetivo haciendo las capacitaciones directamente  en la  Escuela Judicial?. Yo no digo que no se deban de hacer  algunas pero una o dos veces al año cuando mucho. 
Otro tema al que yo creo que hay que prestarle atención  es puramente al operativo, la  Escuela Judicial  no llevaba un registro de quiénes habían llevado  tantos cursos, qué naturaleza de cursos, cuántos días  o cuántas horas tenía de capacitación de determinada área. Habíamos tomado  un acuerdo tanto en la Comisión de Familia como en la de Laboral, y le pedimos a la  Escuela Judicial que por favor hicieran un estudio, un registro de estos temas, porque esto sí es importante para la Corte, primero para lograr dar capacitación a mayor cantidad de gente y que no sean unos cuantos los que siempre están repitiendo. Y recuerdo un caso el año pasado en que se abrió un curso, creo de  violencia doméstica, y en la lista que yo pedí que me mandaron cual fue mi sorpresa que la mayoría eran jueces de trabajo, y yo les dije “pero por Dios, qué tiene que hacer un juez de trabajo en esta materia? es simplemente abandonar el despacho para ir a recibir una capacitación que no va a aplicar y no es pertinente”, entonces yo les dije que por favor le prestaran atención a este tema. Sabemos, los que  estamos en el Consejo de Personal, que hemos seguido ciertas reglas para pronunciarnos a favor de los que van a ir a cursos en el exterior, también tomando en cuenta el tema de la pertinencia, tomando en cuenta de cuánto tiempo tiene de estar en el ejercicio del cargo, y obviamente si ha recibido o no capacitación en esta área. Todos estos detalles son importantes y creo que debemos pedirle al Consejo Superior que haga su registro, que tenga debidamente estructurada la información para que a ellos mismos les sirva cuando se hace una petición de permisos y estos esto nos va a ayudar a ordenar ese tema teniendo esas bases de datos. Al Departamento de Personal también le pedimos que tuviera debidamente estructurado y ya tienen más o menos elaborado y de hecho en algunas oportunidades cuando vienen solicitudes de becas para el exterior o incluso en las que da una universidad privada -con un descuento- hemos echado mano a esa información y eso nos va a permitir excluir a gente que lo que quiere es acumular puntos sin preocuparle si efectivamente en el tema que se va a capacitar le va servir o no para el ejercicio del cargo. Repito, este tema es muy complicado que hay que darle atención integral y obviamente hacerse ese estudio previo.”
         SALE EL MAGISTRADO SOSTO LOPEZ

La Magistrada Bogantes indica: “Realmente, la formación y la capacitación de quienes prestan servicios en la institución es una evidente necesidad. La capacitación por sí misma es un derecho y un deber  de los funcionarios y funcionarias del  Poder Judicial.  La Magistrada Varela expuso ya, una apreciación que hemos comentado en el seno de la propia Sala Segunda, relacionada con el hecho de que por lo general son las mismas personas las que asisten a los  cursos de capacitación.  Tengo para mí, que esa situación se da, por la inexistencia -hasta el momento- de la adecuada y completa base de datos a la que hizo alusión la Magistrada Varela.  Es necesario tener dicha base de datos no sólo en relación con los cursos impartidos, sino también debe incluir el nombre de las personas que han participado en ellos, con el fin de orientar las actividades hacia quienes verdaderamente las necesiten, a la luz de objetivos previamente planteados; pues, no sólo debe analizarse la pertinencia de los cursos, sino, también, la necesidad de que determinadas personas los  reciban en relación con su incidencia en las funciones que llevan a cabo.  De no ser así, es difícil determinar si realmente se están cumpliendo dichos objetivos, sobre todo, repito, ante la circunstancia de que hay funcionarios sobrecapacitados en contraposición a muchos jueces y juezas que no están recibiendo la capacitación.  Por otro lado, coincido con las manifestaciones del Magistrado Cruz y de la Magistrada Calzada.  En ese sentido me opongo firmemente a dar un paso atrás en la programación que se deba hacer de los cursos, en el tanto afecte negativamente a las trabajadoras de este Poder de la República.  Es evidente que la programación de cursos en horarios fuera de la jornada ordinaria laboral constituye una de las tantas formas de discriminación, dado que por el rol de las mujeres en la sociedad, en el fondo se les obstaculizaría el acceso a capacitación y, por consiguiente, el acceso a mejores oportunidades de trabajo.”
         El Magistrado Arroyo dice: “Esta vez es la vigésima vez que a mí me toca como miembro de esta Corte hablar del tema de capacitación  y de  Escuela Judicial y esta bien, sólo quisiera recordar que efectivamente parece estar muy claro que hay problemas estructurales, problemas de fondo como el simple hecho de que nuestras escuelas de derecho no preparan gente para la judicatura y que esa es históricamente una encomienda que han tenido que asumir los  poderes judiciales del mundo, y que sería importante no perder de vista que lo que nos está pasando es que el reclutamiento del  Poder Judicial  tiene que pasar por un período de capacitación inicial. Como bien lo decía don Orlando, institucionalmente nosotros tenemos que ir en esa dirección, es ahí donde nosotros deberíamos poder estratégicamente solventar muchísimas de las necesidades que estamos sintiendo en este momento; apenas sí tenemos atisbos de un programa de formación inicial que a mí me parece, y en esto estoy completamente de acuerdo con don Orlando, hay que enfatizar. ¿Que haya paralelamente un programa de formación permanente para las emergencias? eso también es necesario y eso precisamente es lo que habría que planificar anual o bianualmente con las prioridades que institucionalmente se fijen. Ahora, lo cierto es que eso es lo que teóricamente podría resolver muchas cosas y yo creo que en la discusión  que nosotros hemos tenido ha propósito de otras jornadas de reflexión y de solución a los problemas estratégicos del  Poder Judicial, ahí también hay propuestas importantes y aprovecho para decir que hemos avanzado poco en lo que son reformas a la Ley Orgánica del  Poder Judicial, a una nueva Ley de la Carrera Judicial y un Reglamento que podría también entrarle a una cantidad de problemas como ese que se señalaba de que al final de cuentas nosotros estamos dándole un gran valor a la publicación, a  la docencia y a la comparecencia a cursos que quizá tiene a la gente ocupada formalmente en una capacitación que ni siquiera es estratégicamente importante para ellos. Así es que yo quisiera simplemente reiterar mi fe en que esta Corte pueda algún día dar las soluciones de largo plazo que están pendiente y que siendo la situación como la que está siendo, es decir, la imposibilidad que tiene el Poder Judicial de sostener un número tan elevado de permisos para capacitación pues no nos queda más que entender que después de las jornadas ordinarias, fines de semana o bien con una moratoria sobre aspectos específicos, o bien general, son las salidas que tenemos en este momento, no hay otras, si hubieran otras pues obviamente que las podríamos ya haber considerado pero es que sobre el tapete después de años de discusión sobre esto tenemos por un lado un servicio público seriamente afectado por la movilidad de los funcionarios y por otro la necesidad del derecho y el deber de capacitación, y esa balanza nunca nosotros la hemos podido equilibrar. De manera que yo creo que siendo esa la situación hay cuestiones estratégicas a las que les tenemos que entrar a largo plazo y hay cuestiones puntuales que deberíamos poder atender ya y es el sacrificio que tenemos que hacer tácticamente para que la capacitación se concentre en horas extraordinarios y no en horas laborales; igual pueden ser ensayadas otras cuestiones pero esto me parece que sí debe ser una decisión que esta Corte tome a corto plazo.”
         SALE EL MAGISTRADO VARGAS.

         Señala la Magistrado Escoto: “Creo que la Magistrada Bogantes y el Magistrado Arroyo han tocado puntos que me parecen trascendentes, y es el cambio en cuanto a lo que está regulado en la Ley de Carrera Judicial y el Reglamento respectivo. Lo que quisiera es contribuir y no repetir ideas, pero a mí me parece que si se han dado avances como es la videoconferencia, cuando uno expone y ve en los diferentes ámbitos del país que si acaso llegan tres personas y vacíos los lugares donde se supone, entonces se pregunta ¿qué es esto?. Yo creo que no sólo en la Escuela Judicial, y sí me preocupa lo que dice la Magistrada Varela, de limitarlo porque tienen que darse cambios de paradigmas y creo que tienen que empezar por nosotros mismos. No sólo revisar a quién se le otorgan estas capacitaciones, sino que podría variarse en el sentido de regular que estos para incentivar el salario deba hacerse para quienes estén al día, porque sé de muchos despachos o al menos de algunos donde se les otorga permisos y sobretodo para fuera del país, por los cuales se pelean y ni se da cuenta nadie, porque es en el Consejo donde parece que hacen esto, donde dejan sus despachos atrasados y esto es injusto para el resto del personal porque es desmotivación. A mí me parece que hay que dar cambio de paradigmas y aquí es donde me preocupa, porque si nosotros vamos a tener un Poder Judicial fundado en valores, como se ha venido diciendo últimamente y conforme al plan quinquenal último, tenemos que también capacitar para servir por valores y uno de ellos es estar al día y uno de ellos es no estar pidiendo permisos sobretodo para fuera del país y nosotros mismos dar el ejemplo.
 La acción de ausentismo que muestran adelantos como la videoconferencia deben de tomarse en cuenta, pero es injusto -como lo decía la Magistrada Varela- que también se cercene el derecho a que compañeros y compañeras juzgadoras puedan sumar puntos porque estamos fundados en un sistema que no debería ser y es la Ley de Carrera Judicial donde otorga puntos por esto. Hay que tener en cuanta que esto adhiere al salario, que da en la Ley de Carrera Judicial puntos, debemos -como lo hicimos una vez en una encerrona- y ahora lo tocó el Magistrado Arroyo, revisar esa Ley de Carrera Judicial. Y me preocupa mucho que por este ausentismo de algunos o repeticiones o fundados en un paradigma que se tiene de que para obtener puntos pero eso es lo que hemos dado. ¿Qué lleva al alza de puntos y a venir en un primero o segundo puesto?, el dar  clases, estar con bastantes puntos en estas capacitaciones. Cambiémoslo y démosle mayor puntos entonces a quienes están al día, pero que se revise realmente y no lo que está sucediendo que a nadie se le pide rendir cuentas en cuanto a sí está al día o no para otorgarle capacitaciones y becas, y sé por qué lo digo.”
         Añade el Presidente, Magistrado Mora: “Cuando discutíamos este tema en el Consejo Asesor, después de bastante rato de discutir, pues nos dimos cuenta que no podíamos llegar a una propuesta para hacerle a la Corte, porque cada uno de nosotros tenía una idea en relación con el tema, y ahora después de oírlos a todos ustedes pues caigo a la misma conclusión. Tenemos muchos problemas relacionados con esto y cada uno tiene una forma de solucionar los temas y también de agregar algunos otros temas al punto principal que es el ausentismo del trabajo en los juzgados.  Relacionado con el tema de la capacitación, pero no solamente con el tema de la capacitación de la Escuela, sino también con el que ahora realizamos de muy diferentes formas con una serie de comisiones y todas inconexas, cada una hace su convocatoria y claro que nos dicen yo convoco sólo dos veces cada tres meses, pero al final de cuantas son tantas que vienen causándose problema de ese ausentismo del que hemos señalado.
Me parecen buenas varias ideas que se han señalado acá y que tal vez podrían orientarnos un poco, una es la que nos señalaba don Orlando de establecer cuál es el liderazgo y la dirección que debería tener la Escuela Judicial en el tema de la capacitación; si como lo dice la Ley de Creación de la Escuela Judicial este es el órgano de capacitación del Poder Judicial pues ahí deberíamos de concentrar estas labores y ver como las organizan de alguna forma. Si estuviera aquí don Luis Fernando Solano muy probablemente, al igual que lo hizo don Orlando, nos hablaría de la necesidad de profundizar en el tema de la formación inicial, bueno, ahora entiendo que ya estamos iniciándonos en ese tema.
Yo no creo que con todo lo que hemos hablado acá vayamos a tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer para evitar lo que nos está ocurriendo en este momento que es la crítica que nos están haciendo la cantidad de abogados por el bajo rendimiento de muchos jueces dado que andan en capacitación casi constante, pero me parece que tal vez ese tema lo pueda tener un poco más claro la Escuela Judicial, y entonces por qué no le encomendamos a la Escuela Judicial que a más tardar la primera semana de octubre nos haga un propuesta en relación con este tema y nos la fundamente, y con base en eso pues entonces discutiríamos y ver si podemos orientarnos y tomar una dirección que por lo menos nos señale una dirección común.”
Agrega la Magistrada Varela: “Y que la Escuela Judicial en ese estudio coordine con las comisiones todo lo que se ha programado ya y para el futuro, porque creo que eso es importantísimo para poder tener el cuadro completo.”     
Adiciona el Presidente, Magistrado Mora: “Bueno todo lo que se ha dicho aquí que lo analice y nos haga una propuesta.”
Señala la Magistrada Pereira: “Señor Presidente: Ya que usted ha hecho esa propuesta, por qué no sugerirle a Escuela Judicial que analice, y recuerdan creo que la mayoría de los que estamos acá cuando existía el Comité Académico, que se encargaba de ver precisamente que no existiese duplicidad de capacitaciones, cuáles eran las debilidades que se encontraban en cada área para organizar de esa forma las capacitaciones en el año. Yo no conozco las razones por las cuales el Comité Académico de la Escuela se deshizo, ni conozco las razones por las cuales los grupos asesores en cada jurisdicción se deshicieron, que como la Magistrada Varela lo mencionó, cumplían una función extraordinaria porque esos grupos asesores por materia nos trasladábamos a las diferentes circunscripciones territoriales y detectábamos en el sitio cuáles eran las mayores falencias en las resoluciones, y de ahí nosotros retroalimentábamos al Comité Académico. Si la Escuela va a retomar esto como corresponde, me parece a mí probablemente ese Comité Académico que estaba integrado por uno de los representantes de cada área, sería una función que podría desempeñarse siguiendo todos los parámetros que igualmente ha seguido el Consejo de Personal para otorgar capacitaciones, o sea, cuántas veces se ha asistido a un mismo tipo de capacitación, cuánto tiempo de servicio tiene, cuándo ha sido si o no beneficiado con algún tipo de estos beneficios, y además el tiempo de servicio etc. Hay parámetros objetivos que el Consejo de Personal asumió en su oportunidad para no señalar a dedo quienes van a las capacitaciones. Y unido a eso nosotros deberíamos decir, si vamos a encomendarle esto a la Escuela, que toda capacitación que se programe por cualquiera de la comisiones tiene que pasar necesariamente por la Dirección de la Escuela o estos comités académicos que se conforme para que sea ahí donde una organización correcta como su nombre lo indica se planifiquen las capacitaciones que el Poder Judicial tiene que llevar acabo.
 Yo quiero reiterarles que como durante diez años que participé en el Comité Académico y en los grupos asesores esa era la forma en que mejor se organizaban las capacitaciones en el Poder Judicial, después de que eso se deshizo -ignoro las razones- empezó este desorden que hoy día tenemos.
Entonces ya que el señor Presidente propone que vuelva a la Escuela Judicial, como ente rector de las capacitaciones, se piense en la idea de volver a retomar porque también tenemos que considerar que el Director y el Subdirector y todo quien conforme el Consejo de la Escuela Judicial pues tiene su experiencia desde luego en esto, pero también tiene que ser retroalimentados por los expertos en cada uno de las jurisdicciones para saber cuales son las verdaderas necesidades. Pienso que eso debería retomarse y analizarse cuáles fueron las razones para que se eliminaran si realmente ha dado buen resultado o no buen resultado esa decisión que en su oportunidad la Corte tomó.”
El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada Pereira: “Doña Magda: le parece que esto que usted ha señalado, como le vamos a mandar toda el acta de hoy al Consejo Directivo de la Escuela, pues que lo tome en consideración al momento de hacernos la propuesta.”
Agrega la Magistrada Escoto: “Me parece esencial lo que dice doña Magda, pero por diagnósticos de oportunidad que ha venido realizando la Comisión de Valores -que no es de efemérides- en el Segundo Circuito Judicial, por ejemplo, se muestra que es un edificio enfermo por el ausentismo, pero el ausentismo no se debe a capacitaciones sino a incapacidades, y éstas son generalmente -en algunos casos- antes de capacitaciones o de salidas a algún lado. Entonces yo quisiera ver, conforme se trajo el tema aquí, si se pone también en cuenta en la Escuela Judicial lo que doña Magda tan sabiamente expone, pero a la vez que se refuerce en revisar quiénes se están incapacitando y las razones por las cuáles se hacen, y ver si estos abogados y abogadas que están haciendo estas denuncias efectivamente se fundamentan en porque andan en capacitaciones o es que si están también ausentes por incapacidad, y revisar estas razones a fin de buscar una salida eficiente, porque aparentemente tenemos un personal enfermo. Yo creo que esto, les pido, debería de tomarse en cuenta con base en diagnósticos de oportunidad. Yo no sé cuántos serán los abogados litigantes que dicen o con que estudio de que se deben a capacitaciones de unos y otros. Pero sí se requiere este estudio y tomar en cuenta esto también con base en un cambio de paradigma que a quienes estén al día se les otorgue, pero que se pida ese informe a los coordinadores o a quienes corresponda, porque en muchos casos eso no se está pidiendo.”
El Magistrado Chaves menciona: “Es cierto de que las incapacidades producen evidentemente ausentismo pero también las capacitaciones producen ausentismo. Lo vemos permanentemente, y a veces –repito- sin poder sustituir; estas inquietudes que se han dado acá de si se lleva o no se lleva un control de la gente que ha estado en varias capacitaciones, por parte de la Escuela, se estuvo tocando en el Consejo Superior y está por conocerse el informe porque el Departamento de Personal puede por el sistema SIGA, llevar ese control, que se le había pedido a la Escuela  Judicial y que alguna manera también la Dirección Ejecutiva presentó algo de lo que lleva esa Dirección sobre las capacitaciones y las personas que han participado; y en un primer acercamiento sí hay mucha gente repetida y muchos que no van nunca, eso sí se ha observado. En todo caso yo creo que sí deberíamos ordenarnos aparte de todos estos mecanismos que se han hablado acá, es que yo no se sí la Escuela o alguien, pero tiene que haber un órgano rector de manera que a ese órgano le lleguen todas las posibilidades de capacitación. Y es que si a la Comisión de Asuntos Penales, por ejemplo, se le ocurre hacer una capacitación y entonces la hace, y yo entiendo que algunas sí son necesarias, pero eso no toma en cuenta si esa gente que va a esa capacitación ya fue a algunas de la Escuela, inclusive sobre los mismos temas o inclusive nos ha tocado en el Consejo Superior ver gente que está supuestamente nominada para tres capacitaciones en las mismas fechas porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces la Escuela puede llevar su régimen de cuáles son la gente que asiste a los cursos, pero si las otras gentes que también dan capacitación no coordinan con la Escuela entonces vamos a tener estos desaguisados de que hay varia gente designada, que inclusive escogen a cual curso van, y esto es un hecho real que no ha pasado una vez y ha pasado bastante. Entonces yo sí creo que  sí debería haber un órgano rector por el cual se canalice todo eso, y de alguna manera también respetar un poco la planificación porque yo sé que de vez en cuando viene algún jurista importante y habría que aprovechar su sapiencia para que nos de una conferencia o un curso y eso yo lo entiendo como excepción, lo que pasa es que yo no sé si ahora las excepciones son más que las reglas, con lo cual siguen conformando  las reglas porque eso es lo que dice el proverbio; pero me parece que sí deberíamos evitar un poco tanta excepción y que haya más coordinación entre los entes que capacitan.
Creo que también la Magistrada Escoto apuntó una cosa que me parece que es rescatable, y es que si ahora estamos en bastantes circunscripciones con la posibilidad de conectarnos con San José por Intranet y todo ese tipo de cuestiones, pues muchas de las capacitaciones podría hacerse así como se han estado haciendo, lo que reconozco, pero ero también de alguna forma poder llegar a esos lugares que son los que están más desfavorecidos porque los que estamos aquí en el centro somos los que salimos ganando siempre en cuanto a la capacitación por comodidad y por otras razones técnicas.
 Si tenemos un ente rector y si además tomamos conciencia de que tenemos un servicio público que prestar y tomamos conciencia, que yo creo que se está haciendo un paso con el asunto de la oficina de Cooperación Internacional, de manera que las becas al extranjero se canalicen por algún sector y no que yo pueda buscarme mi beca yo creo que con esto ponemos un poco de orden y podemos ofrecer un muchísimo mejor servicio y que también podemos hacer una capacitación más democrática y no centralizada en algunas y algunos que siempre son los favorecidos y favorecidas.”
Menciona el Presidente, Magistrado Mora: “Quisiera decirles que comentándolo con los compañeros de la Comisión de Nombramientos y también con el Vicepresidente, hemos tomado una determinación de que en todo caso se le dice a las personas de que mientras no se haya conseguido un suplente no pueden abandonar el centro de trabajo; porque ya nos ha pasado que dicen “fui convocado y salgo y me voy”.”
Se acordó: Trasladar la propuesta del Consejo Consultivo a la Escuela Judicial, a efecto de que tomando en consideración lo que expusieron las señoras y señores Magistrados que hicieron uso de la palabra, se sirva formular una recomendación a esta Corte, a más tardar en la primera semana del mes de octubre del año en curso.

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Indica el Director de la Escuela Judicial que, como parte de la función rectora asignada a la Escuela en la figura de su Consejo Directivo, debe aprovechar este mandato de Corte Plena para formular una serie de políticas de capacitación, las cuales –de ser aprobadas por Corte- contribuyan significativamente a garantizar que las actividades que realicen la Escuela y las unidades de capacitación, contribuyan en forma eficaz y no entorpezcan de modo alguno, el servicio público estratégico encargado constitucionalmente al Poder Judicial. Menciona que la Dirección de la Escuela formuló un primer borrador de políticas, el cual fue validado por todas las gestores y gestores, especialistas en métodos de enseñanza y mandos medios de la Escuela Judicial, para que sea conocido por este Consejo.

Menciona el representante del Departamento de Gestión Humana que, luego de analizar detenidamente la propuesta, considera importante efectuar algunas observaciones. Estima que, para ello, es relevante tener el parecer de todas las unidades de capacitación.

La Presidenta del Consejo agrega que sería conveniente que se llevara a cabo una reunión con todas las unidades, en la cual también deberían participar representantes de la ACOJUD y de la Asociación de Juezas del Poder Judicial.

Se determina necesario pedir a la Corte Suprema de Justicia una prórroga al plazo conferido, de modo que sea posible efectuar la mencionada actividad antes de la próxima sesión del Consejo Directivo de la Escuela.

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SE ACUERDA: Solicitar respetuosamente a la Corte Plena, que se le conceda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial una prórroga del  plazo concedido, para presentar una propuesta de Políticas Generales de Capacitación y Formación del Poder Judicial. ACUERDO FIRME.”

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ARTÍCULO III

El Dr.  Pedro Enrique Haba, en correo electrónico del martes 22 de abril de 2008, enviado al Consejo Directivo de la Escuela Judicial,  indica lo siguiente:

        Me dirijo con todo respeto a ustedes, con el objeto de dejar fehacientemente documentado cuáles son los motivos VERDADEROS  --sobre todo, los hechos mismos-- porque los cursos de Metodología Jurídica de esta Escuela no están más a mi cargo. Para esos efectos, me cumple poner en vuestras manos la sumaria información contenida en el presente escrito. Elementos de juicio mucho más pormenorizados al respecto quedan a disposición en los dos documentos adjuntos, donde se hallan expuestos en forma circunstanciada los detalles pertinentes.

        Entre los años 2004 y 2006 tuve el agrado de impartir cursos de Metodología Jurídica en esa Escuela. A comienzos de 2007, la nueva Dirección me ofreció la posibilidad de mantener esa relación, pero bajo la condición sine qua non de impartir allí TRES cursos (en el correr de ese año) por los cuales se me pagaría en total el MISMO precio que en 2006 se me había pagado por impartir DOS. Síntesis: entre el 25% y el 50% de recargo en la labor (según el horario por asignar), sin el incremento de retribución por ello. Tampoco se aceptó mi ofrecimiento de reunirnos para buscar otras eventuales posibilidades, como podría haber sido, por ejemplo, reducir en algo las horas de curso para entonces rebajar proporcionalmente su precio.

        Es obvio que nadie puede aceptar una oferta donde se le requiere prestar 25 % o más de servicios profesionales SIN contrapartida económica por eso mismo.  Aunque más no fuere por motivos de dignidad profesional, no pude allanarme a tal propuesta. Y al no darse tampoco la oportunidad de poner sobre la mesa ninguna otra posibilidad alternativa, muy a mi pesar quedó eliminada mi colaboraciòn con la Escuela Judical. En dicha ocasión no me pareció del caso informar de las circunstancias a ese Concejo, pues respeté  --y respeto-- la opinión de la Dirección actual en cuanto a preferir buscar soluciones distintas que las posibilidades de contar con mi propio aporte docente en esa institución. 

        Si menciono ahora tales antecedentes, es sólo porque en fecha reciente, habiéndose abierto una licitación para designar al profesor encargado de un curso como el que yo había impartido anteriormente, se presentó una situación similar, pero aún con ribetes que me resultan bastante asombrosos. Si no consideré inoportuno presentar mi candidatura a esa licitación, a pesar de dichos antecedentes, fue porque recibí una invitación proveniente de la propia Escuela para esos efectos. Ello me hizo pensar que tal vez  su Dirección tuviera ahora interés en volver a contar conmigo, lo cual, desde luego, hubiera sido muy bienvenido por mi parte.  Sin embargo, los hechos demostraron otra cosa. De ahí que me haya resuelto, finalmente, a dejar debida constancia de unas puntualizaciones que, al parecer, son necesarias para despejar cualquier eventual malentendido sobre mis VERDADEROS planteamientos ante la Dirección de la Escuela.
 
        En efecto, me importa sobremanera que no pueda quedar lugar ni para la más mínima duda en cuanto a mis propias intervenciones al respecto. Sobre todo, deseo dejar bien puntualizados los HECHOS, sin perjuicio de considerar también las razones (si las hubo) que ese órgano directivo hubiere llegado a manifestar. Procedo, no sin malestar, a efectuar esas aclaraciones. Su solo propósito es dejar a completamente a salvo toda responsabilidad mía, en cuanto a que pudiera acaso llegarse a pensar ---por desconocer dichos hechos--- que por mi parte no haya existido la mejor buena disposición, inclusive en lo económico, tanto en el 2007 como en esta nueva ocasión, para brindar mis servicios en esa institución.
. 
        En la licitación de marras, mi oferta fue rechazada, señalándose como único motivo que ella tenía "precio excesivo", sin una sola palabra más de aclaración. Eso sí, ni en la convocatoria que se me hizo llegar ni tampoco en la siguiente, se indicó cuál fue el precio límite PRE-establecido (supuesto que lo hubiera) o al menos alguna pista de la cual pudiera desprenderse alguna insinuación en cuanto a la necesidad de ponerse a indagarlo de alguna manera. En dicho rechazo no se indica razón alguna, ni la más mínima, por la cual dicho precio mío resulta haberse transformado ahora en "excesivo", no habiéndolo sido dos años antes para el mismo curso; menos que menos, alguna información sobre CUÁNTO sea ahí lo considerado "excesivo", a pesar de ser exactamente igual (¡hasta sin aumento alguno!) a lo pagado por ello en 2006.

        Asombrado ante esa lacónica decisión, presenté un escrito aclaratorio [Documento I] mediante el cual creí dejar terminada la cuestión. Empero, habiendo recibido una contestación oficial a dicho escrito,  hube de responder aún a esta misma, y entonces lo hice de manera muchísimo más detallada, pues no he querido dejar ya absolutamente ningún "hilo suelto" al respecto 
[Documento II].

         Documento I.--  Me dirigí al Sr. Subdirector de la Escuela, pues fue él mismo --según documento de la Proveeduría-- quien tomó personalmente la decisión de rechazar mi oferta, única y exclusivamente por el precio (aun siendo exactamente IGUAL al monto con el cual este MISMO funcionario estuvo de acuerdo dos años atrás). Le remití, por eso, un escrito donde efectúe simplemente las principales puntualizaciones del caso, con el objeto de dejar una constancia bastante INTEGRAL de los HECHOS pertinentes. Además me importaba poner bien en claro por qué no hubiera tenido sentido presentarme incluso  a la segunda convocatoria (de texto prácticamente igual a la primera), ya que: a) ni siquiera en esa segunda oportunidad se señaló algún precio límite, de modo que tampoco quedó a mi alcance la eventualidad de proceder de antemano a rediseñar el curso en función de dicho nuevo precio, si acaso estaba pre-establecido. b) resulta a todas luces evidente, en virtud de todos los antecedentes de hecho, que la Dirección de la Escuela desea que ese curso NO se halle a cargo mío.

         Documento II.--  Como respuesta al documento anterior recibí una contestación muy amable del Sr. Subdirector, con explicaciones que él me presenta para fundamentar su decisión personal de no adjudicarme el curso.  Esas explicaciones me resultaron tan asombrosas, no sólo en el plano de la razonabilidad material sino inclusive en cuanto al manejo implícito de ciertas estructuras elementales de la lógica formal, que me pareció del caso examinarlas en detalle. Procedí a desglosarlas punto por punto, con el fin de que no pudiera quedar ya lugar ni para la más mínima duda sobre ninguno de los puntos puestos sobre el tapete.

        Agrego aquí esos dos documentos. Si bien considero que en principio debiera bastar con lo aclarado en primero de ellos [I], relativamente breve, dejo también a disposición el  otro complementario [II] por si se deseara confrontar unas aclaraciones más detalladas. 

        Lamento mucho haberme visto en la circunstancia de distraer la atención de ese Consejo para dejar debidamente constancia documental de mi proceder en relación con la Escuela. Del mismo modo, gustoso quedo a vuestras enteras órdenes para cualquier otra referencia que pudiera serles de interés, si a mi alcance está proporcionarla.

         Atentamente,       
P.S. Por supuesto, no tengo inconveniente alguno de que tanto lo presentado por mí como así también todo documento emanado de la propia Escuela en relación conmigo, sea plenamente accesible a cualquier interesado. 

Direcciones electrónicas:
<ehaba@ice.co.cr> [principal]
<enrique.haba@ucr.ac.cr> `[secundaria]

Dirección postal:
Apartado 598-2050
San Pedro de Montes de Oca
Costa Rica (América Central)

Fax:
(506) 2207-5872
(Facultad de Derecho-Universidad de Costa Rica)

Teléfonos:
(506) 2283-3842 [principal]
(506) 2224-1131 [oficina] 
(506) 8838-2952 (móvil) 
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SE ACUERDA:       Tomar nota.
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ARTÍCULO IV

La Sra. María Elena Barrantes Hidalgo, prosecretaria general interina, en oficio n.º 4544-08 del 26 de mayo de 2008, enviado a la Licda. Ericka Chaves Rivera, jueza tramitadora del Tribunal Penal, II Circuito Judicial,   indica lo siguiente:

	Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión Nº 32-08 celebrada el 30 de abril del año en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XLII

En sesión de Corte Plena N° 10-07 celebrada el 9 de abril del 2007, se aprobó los perfiles de los cargos de Asistente Judicial, Juez Tramitador y Juez Coordinador.

Posteriormente, en sesión de Corte Plena N° 2-08 del 21 de enero del año en curso, artículo XV, se aclaró que dentro de las tareas típicas del cargo de Juez Tramitador en lo que se refiere a dictar, revisar y firmar las resoluciones de trámite y las certificaciones expedidas por el despacho; se debe de entender por el trámite todas aquellas resoluciones que no sea la admisión y recepción de la prueba y el dictado de la sentencia.

	Finalmente, la Corte Plena, en sesión N° 4-08 celebrada el 4 de febrero de este año, artículo XII, tomó el acuerdo que literalmente dice: 

	“En la sesión celebrada el 9 de abril del año pasado, artículo XIX, se aprobó el perfil para el cargo de Juez Tramitador y entre otras funciones se le asigna a ese puesto "Suplir la ausencia de otros jueces, cuando resulte indispensable para el normal funcionamiento del despacho"

	El Presidente, Magistrado Mora, propone que se aclare que esa función se debe entender para los despachos en los que todos los jueces tienen la misma categoría y no en los que el Juez Tramitador sea de inferior rango a los demás.

	Se dispuso: Aprobar la propuesta del señor Presidente, Magistrado Mora.

	La Secretaría General procederá a elaborar la correspondiente publicación en el Boletín Judicial. Se declara acuerdo firme. ”

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	Este Consejo, en sesión N° 44-07, celebrada el 14 de junio del 2007, artículo LII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En correo electrónico de 8 de junio en curso, la licenciada Ericka Chaves Rivera, Jueza Tramitadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, consulta lo siguiente:

 “…En días pasados, a raíz de una situación particular que se presentó en este Tribunal, tuve conocimiento del criterio dado por el señor Daniel González Álvarez en su condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Penales, en fecha 22 de junio del 2000, sobre la imposibilidad de los Jueces Tramitadores para firmar Tener a la Orden, Ordenes de Libertad, Ordenes de Captura y Liquidaciones de Pena (adjunto les remito copia del oficio que contiene tal información), siendo que desde el mes de septiembre del 2005 en que inicié funciones en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José como Jueza Tramitadora he firmado los Tener a la Orden de Criminología una vez que la sentencia condenatoria queda firme, así como todas las ordenes de captura giradas y las liquidaciones de pena. Por lo anterior, en aras de no exceder la competencia que me ha sido conferida por ese Consejo y ejercer en forma responsable mi labor, así como que la Coordinadora del despacho Licda. Rocío Pérez Montenegro, me ha indicado que según acuerdo del Consejo de Jueces debo firmar las liquidaciones de pena, les ruego aclararme en forma expresa si en mi función de Jueza Tramitadora me encuentro facultada o no para los efectos señalados. Agradeciendo de antemano la gestión que se sirvan dar a la presente, cordialmente”.

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Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Trasladar la gestión anterior a la Comisión de la Jurisdicción Penal, con el fin de que emita pronunciamiento al respecto.”

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El Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en condición de Presidente de la Comisión de la Jurisdicción Penal, con oficio N° CAP 012-08 del 21 de abril en curso, informa lo siguiente:

“Damos contestación a su oficio de fecha 2 de junio del 2007. En esa nota transmite Usted consulta de la Licenciada Ericka Chaves Rivera, Jueza Tramitadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, referente a si, en calidad de Jueza Tramitadora está facultada para firmar: a) Resolución de “tener a la orden”, b) “orden de libertad”; c) “orden de captura” y d) “liquidación de pena”.

Al respecto debemos indicar que, efectivamente, tal y como se dice en la consulta, la Comisión de Asuntos Penales ya se había pronunciado sobre los aspectos que aquí se plantean y se había señalado que:

1. Las competencias de los jueces penales son de carácter jurisdiccional.

2. Las competencias de los jueces tramitadores son de carácter administrativo.

3. Elaborar y firmar los instrumentos de “Tener a la orden”, “Orden de libertad”, “Orden de captura” y “Liquidación de la pena”, conllevan “(...) la restricción de la libertad ambulatoria de los individuos, la suscripción de dichos documentos debe ser hecha por una autoridad jurisdiccional y no una administrativa como es el caso de los jueces tramitadores”.

Al no haberse modificado la competencia de los jueces penales, ni la de los jueces tramitadores aprobadas por Corte Plena en la sesión N°10-07 del 09 de abril del 2007, artículo XIX, sus competencias permanecen incólumes y en consecuencia, se considera que el contenido del pronunciamiento CAP 34-00, reiterado en el oficio CAP 038-00, de la Comisión de Asuntos Penales está vigente.

La Comisión de Asuntos Penales había indicado:

“Siendo que el juez tramitador carece de competencia para decidir sobre la libertad de un procesado y considerando que instrumentos tales como las órdenes de libertad, los llamados “tener a la orden” y los oficios de capturas, aunque se trate de simples recordatorios, conllevan la restricción de la libertad ambulatoria de los individuos, la suscripción de dichos documentos debe ser hecha por una autoridad jurisdiccional y no una administrativa como es el caso de los jueces tramitadores. Situación distinta ocurre con las solicitudes de remisión de un reo para realizar diligencias en el Tribunal, las que no implican una nueva restricción a la libertad y por ello las puede suscribir un Juez Tramitador. (CAPOO34-00)

En sesión de Corte Plena N°10-07 del 09 de abril del 2007, artículo XIX, se aprobó el perfil del cargo de Juez Tramitador y se dispuso como una tarea típica de ese puesto “Firmar la remisión de detenidos y los recordatorios de capturas.”

Entiende esta Comisión que tal disposición debe entenderse en el mismo sentido que ya lo había dicho la Comisión de Asuntos Penales, esto es que el Juez Tramitador está facultado para firmar la solicitud de remisión de un reo para realizar diligencias en el Tribunal, pues tal actividad no implica una nueva restricción al derecho de libertad ambulatoria.

Pero la indicada facultad no comprende el poder dictar y firmar el instrumento denominado “Tener a la orden”, pues tal documento implica una orden que dispone cuál autoridad tendrá a su cargo la responsabilidad de definir, en el futuro, sobre la libertad ambulatoria de un detenido y esta tarea de ninguna manera es de orden administrativo sino jurisdiccional, pues conlleva el poder de decisión sobre la restricción de un derecho fundamental.

En virtud de lo dicho se concluye que la competencia para elaborar y firmar los instrumentos: Tener a la orden, Orden de libertad, Orden de captura y Liquidación de la pena, corresponde dictarlas y firmarlas al Juez Penal y no al Juez Tramitador.

Se hace una atenta excitativa al Consejo Superior para que, si esa instancia acuerda acoger el presente pronunciamiento, el mismo sea remitido con copia a los señores jueces del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

De igual forma se insta al Consejo Superior para que considere la necesidad de poner en conocimiento del Consejo de Personal y del Consejo Directivo de la Escuela Judicial la conveniencia de elaborar, en forma conjunta, un manual básico de funciones de los jueces penales, que considere al menos los acuerdos de Corte Plena, del Consejo Superior, el Manual descriptivo de Clases de Puestos vigente, los pronunciamientos de esta Comisión de Asuntos Penales en lo que resulte pertinente y se remita un ejemplar a cada Despacho.”

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	Se acordó: 1) Tomar nota de lo resuelto por la  Comisión de la Jurisdicción Penal, en vista de que ya la Corte Plena resolvió este tema en la sesión N° 02-08 del 21 de enero del año en curso, artículo XV. 2)  Hacer de conocimiento de la licenciada Ericka Chaves Rivera, Jueza Tramitadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José lo resuelto por la Corte Plena.  3) Aprobar la elaboración del manual que se propone, a cuyos efectos el Consejo de Personal y el Consejo Directivo de la Escuela Judicial tomarán nota para lo que corresponda.”

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SE ACUERDA: Tomar nota.

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ARTÍCULO V

El Sr. Gustavo Barquero Morales (Autorizado/Secretaría General de la Corte), mediante oficio Nº 5628-08 del 27 de junio de 2008, suscrito al Dr. Javier Sandoval Leal, Jefe Unidad de Atención Personal del Servicio Médico de Empleados, comunica acuerdo del Consejo Superior, que indica lo siguiente:  

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 043-08 celebrada el 10 de junio del presente año, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXXIV

El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 033-CD/EJ-08 de 22 de mayo último, comunica lo siguiente:

“Le transcribo el acuerdo tomado por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, en la sesión nº. 04-08 celebrada el veintitrés de abril de 2008, que literalmente dice:

“ARTÍCULO VI

La Sra. María Elena Barrantes Hidalgo, Prosecretaria General interina de la Secretaría General de la Corte), en oficio no. 3342-08 del 23 de abril de 2008, comunica el acuerdo del Consejo Superior, sesión 24-08 del 03 de abril de 2008, que indica lo siguiente: 
“ARTÍCULO XLV
La señora Mónica Zárate Guevara, en nota de 2 de abril en curso, manifiesta lo siguiente:

“Por considerar urgente, resolver la situación que procedo a comunicar, me dirijo a ustedes respetuosamente con la finalidad de que sea reconsiderada la decisión tomada por el Consejo Directivo de la Escuela judicial, sesión 03-08, celebrada el veinte de febrero del presente año en el que según oficio 023-CD/EJ-08, se deniega la posibilidad de que la suscrita repita la prueba de Acondicionamiento Físico que reprobé tanto en las pruebas periódicas del curso como la extraordinaria que se me practicó en el Curso Básico LVI, realizado por la Escuela Judicial y que a la postre, mediante nota 339-DCLP-2008, fechada 31 de marzo del 2008, el jefe de la Sección Delitos Contra La Propiedad, Lic. Geovanni Rodríguez Gómez me comunica el cese de nombramiento. 

1).- Ingresé a la Sección Delitos Contra la Propiedad o Robos el día 27 de febrero del 2007 y el Curso Policial LVI al que fui enviada dio inicio en fecha 06 de agosto del año 2007. Sin embargo, cuatro días antes, propiamente el día 2 de agosto de ese mismo año sufrí un accidente de tránsito en Santo Domingo de Heredia, según boleta de citación 2007- 019942 cuya fotocopia aporto. 

2).- En fecha 03 de agosto 2007 fui atendida en el Servicio Médico del Poder judicial por el Doctor Javier Sandoval Leal donde consta la valoración que me hiciera el galeno y en la que se destaca la afectación que sufrí en cuanto a dolor y limitación funcional en mi pierna izquierda que adicionalmente refiere equímosis, valoración de la cual adjunto fotocopia. 

3).- Dado que el día 3 de agosto en que fui valorada por el Doctor Sandoval Leal fue viernes y ante el dolor persistente en mi pierna, opté por ir al día siguiente, sábado 4 de agosto, a consulta con la Doctora particular Fernanda Castro Bermúdez quien coincide con el Doctor Sandoval en lo referente a la afectación sufrida en mi pierna izquierda y sumado esto al efecto de “Latigazo Cervical” producto de la colisión, anota claramente que se requiere terapia física y recuperación en los próximos seis meses, valoración también de la que agrego fotocopia. 

4).- Por otro lado y por tener una relación directa con mi pretención, es importante mencionar que el Reglamento de la Escuela Judicial en su artículo 25 párrafo final previene que: “No obstante lo anterior en casos calificados, el Consejo Directivo podrá autorizar a un alumno para que reciba por tercera vez el curso”. 

Como se puede apreciar en el presente cuadro fáctico, sin haberlo previsto ni mucho menos deseado el accidente sufrido por esta servidora, definitivamente no permitió el desempeño a plenitud en las pruebas de Acondicionamiento Físico, lo cual hice saber verbalmente en su momento tanto al instructor Lic. Víctor Hidalgo como a la jefa de la Unidad de Capacitación Msc. Kattia Campos Zúñiga quienes me dijeron que no me preocupara, evidentemente considerando tanto ellos como yo, que a mi la corta edad de veintiún años, el proceso de recuperación de la lesión temporal sufrida sería pronto, sin embargo, al no ser así, en alguna oportunidad en que manifesté dolencia en la pierna izquierda se me indicó que debía ser tolerante al dolor. 

Es de suma importancia hacer de conocimiento del honorable Consejo Superior que es mi mayor deseo continuar siendo parte del Organismo de Investigación Judicial y en el período de tiempo que he laborado en la Sección de Robos, he dado lo mejor de mi, tanto en la labor que se me encomienda como en el ilimitado tiempo que ello amerita. Segura estoy que mi vocación es la investigación, tanto así que adicionalmente llevo estudios avanzados de Criminología en la Universidad Libre de Costa Rica, donde estoy a seis materias de obtener mi licenciatura, si Dios lo permite. 

Por otro lado, me preocupa sobremanera la inversión que se haya hecho en mi preparación y formación, para ver mi futuro truncado de esta forma, pues en las demás materias académicas cumplí con los resultados esperados. Conciente soy del ordenamiento y reglamentaciones establecidas por la Escuela Judicial pero también considero que mi pretensión encaja perfectamente con la salvedad a que hace referencia el reglamento de la Escuela Judicial en su artículo 25, párrafo final, razón fundamental por la que recurro a ustedes, pues creo justo tener la oportunidad de prepararme como es debido para realizar esas pruebas dadas las condiciones supracitadas. 

En razón de lo anterior es que solicito respetuosa y formalmente la Apelación y Reconsideración de mi caso y que por consiguiente se revoque el acuerdo 023- CD/EJ-08 tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y que en su lugar me permitan realizar con la antelación y preparación necesaria, una prueba física más, así mismo, solicito mi reintegro a las funciones que he venido desempeñando en la Sección de Robos o la que se me encomiende. 

En virtud de no tener nombramiento actualmente, agradecería me comuniquen la decisión que a bien tengan a los números 2236-7900 o 8836-1110 correspondientes a mi casa de habitación y celular respectivamente.” 
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Se acordó: 1) Previamente a resolver lo que corresponda, trasladar a la Escuela Judicial, la gestión presentada por la señora Zárate Guevara,  para que valore y resuelva la reconsideración interpuesta. 2) En tanto el Consejo Directivo de la Escuela Judicial resuelve la solicitud anterior, se ordena a partir del 4 de abril en curso, la restitución de doña  Mónica en el puesto que interinamente ocupaba en la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial. 3) Hacer este acuerdo de conocimiento del licenciado Geovanny Rodríguez Gómez, Jefe de la Sección de robos del Organismo de investigación Judicial. El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.
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La M.Sc. Kattia Campos Zúñiga, jefa a.i. de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio No. EJ-CAP-088-08 del 23 de abril de 2008, suscrito al Dr. Marvin Carvajal Pérez, indica lo siguiente: 

En relación con la solicitud planteada por la señorita Mónica Zárate Guevara al Consejo Superior para que se reconsidere la decisión del Consejo Directivo de denegarle la posibilidad de repetir la materia de acondicionamiento físico.

Al respecto me permito indicarle que mantengo mi criterio de negar la posibilidad de repetir esta materia, ya que a la señorita Zárate se le dio la oportunidad de realizar el examen extraordinario que le corresponde, el cual no aprobó por falta de preparación física. 

No omito manifestarles que durante el desarrollo de esta materia el Lic. Víctor Hidalgo, Instructor de Acondicionamiento Físico le fue señalando como debía prepararse para lograr alcanzar el mínimo requerido de acuerdo con su estructura, pero en lugar de ir mejorando a través del curso su rendimiento en las diferentes pruebas fue desmejorando, evidenciando su falta de interés.

En la solicitud planteada ante el Consejo Superior, la señorita Zárate indica que informó a esta jefatura y a Víctor Hidalgo sobre una lesión sufrida durante el curso, la cual no le permitió desempeñarse satisfactoriamente en las pruebas de Acondicionamiento Físico, lo cual no es cierto, nunca presentó un dictamen médico consignando su afectación física, lo cual nos causa mucha sorpresa que hasta este momento comunica sobre su mal, y además afirma que existe un documento en el que consta esta lesión y su supuesta incapacidad para realizar ejercicios, de ser cierto, considero irresponsable su proceder ya que puso en peligro su integridad física y además comprometió al Instructor ya que pudo haberle causado un mal mayor. En estos casos nuestro proceder es posponer el entrenamiento del alumno hasta que se recupere de su lesión y presente además un dictamen médico en el que se indique que puede realizar ejercicios físicos.

Llama la atención que la señorita Zárate participó y aprobó satisfactoriamente otras materias del Programa Básico que requieren de más esfuerzo físico sin manifestar dolencias físicas, ni incapacidades, como lo son: Defensa Personal en la cual se les enseña caídas, técnicas de inmovilización, patadas, defensas, etc., la materia de Técnicas de arresto en donde el instructor recrea situaciones en las que los alumnos deben correr tras un delincuente para aplicar las técnicas de arresto, la materia de allanamientos, etc.

Por lo tanto considero que el acuerdo tomado por el Consejo Directivo negándole la posibilidad de repetir la materia de Acondicionamiento Físico, no debe ser reconsiderado.

Adjunto informe del Lic. Víctor Hidalgo, Instructor de Acondicionamiento Físico.
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El Lic. Víctor Ml. Hidalgo García, instructor, en oficio del 22 de abril de 2008, suscrito M.Sc. Kattia Campos Zúñiga, jefa a.í. de la Unidad de Capacitación del O.I.J., indica lo siguiente:

Respecto al acuerdo del Consejo Superior emanado en la sesión 24-03 del 03 de abril del 2008 sobre la apelación interpuesta por la alumna Mónica Zarate Guevara, me permito señalar lo siguiente:

Causa en mi sorpresa y preocupación lo expuesto por la alumna Zarate Guevara en su apelación al señalar que tanto el Dr. Javier Sandoval Leal, como la Dra. Fernanda Castro Bermúdez son coincidentes al dictaminar; según lo consignado en el documento, (la afectación sufrida en mi pierna izquierda y sumado esto al efecto de “Latigazo Cervical” producto de la colisión, anota claramente que se requiere terapia física y recuperación en los próximos seis meses).

Me causa sorpresa saber hasta este momento que existe un documento que consigna información vital para un preparador físico en el que se indica que existen afecciones que deben recibir terapia y que ameritan un recuperación de seis meses, pero que nunca fue entregado o al menos mostrado. Lo que me lleva a señalar de conformidad con mi formación, que tal actuación es grave ya que la alumna nunca presentó el dictamen o similar ante el instructor, coordinador de curso o jefe de la unidad de capacitación del O.I.J.

Tal omisión la considero además irresponsable debido a que la alumna expuso su integridad física a un riesgo en el que pudo haber sufrido afecciones mayores, pero además, con esta actitud pudo además haber inducido al instructor, que basadas en el desconocimiento lo pudieron haber llevado a cometer alguna “mal praxis” en el entrenamiento de la alumna, lo que a su vez le pudo haber ocasionado alguna responsabilidad civil.

Pero también considero que esta situación no es correcta para un futuro investigador, por cuento a mi entender se ocultó información a los superiores inmediatos, máxime que la alumna en fecha 22 de setiembre de 2007 manifestó no tener dolor en la pierna, por lo que asumió su entrenamiento de manera normal, siendo que todavía en esta fecha no manifestó lesión alguna a la altura de la cervicales.

También, he de señalar que consultado que fuera sobre este particular el Lic. Geovanny Rodríguez jefe de la Sección de Delitos Contra la Propiedad indicó; que en ningún momento la alumna Zarate le reportó lesión alguna y tampoco le entregó algún dictamen. Cosa que de manera similar se hizo con el encargado de unidad a la que pertenece la alumna, siendo su respuesta también negativa.

Finalizo lo expuesto manifestando mi preocupación por lo que considero es ocultar información de suma importancia, ya que la presencia de un documento en el que se dictamina terapia y reposo por parte de doctores se hace hasta este último momento, a saber segunda apelación, pero su existencia antes de la apelación es desconocida. Tanto así que la alumna participó en defensa personal, allanamientos y otras actividades que involucraban desarrollo motriz, pero en ningún momento manifestó imposibilidad alguna y mucho menos aportó información sobre sus lesiones. Por otra parte ratifico lo expuesto en el informe remitido a su persona en fecho 08 de enero del 2008.
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SE ACUERDA: Que referente a la petición de la señorita Mónica Zárate Guevara, alumna del LVI Curso Básico de Investigación del O.I.J., teniendo en consideración las anteriores manifestaciones de la M.Sc. Kattia Campos Zúñiga, jefa a.í. y el Lic. Víctor Hidalgo García, instructor, Unidad de Capacitación del O.I.J., se mantiene lo resuelto por este Consejo en la sesión No. 03-08 del 20 de febrero del año en curso. Comuníquese al Consejo Superior para lo que corresponda. ACUERDO FIRME.”
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La señora Zárate Guevara, en su citada condición, en nota de 9 de junio en curso dirigida al licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrante de este Consejo, expresó:

“Por este medio y de la manera más respetuosa me permito informarle que con relación al informe enviado a mi persona el día Lunes 09 de Junio 2008, donde se me indicaba que si estimaba necesario hacer alguna aclaración. Por lo anterior quiero indicar que tengo varios puntos que aclarar, entre ellos:

- Me manifiestan que se me dio la oportunidad de realizar el exámen extraordinario que me correspondía, él cuál no aprobé por falta de preparación física, les dijo que el mismo no fue por falta de preparación física, sino por el padecimiento que tenía en ese momento, como se pudo comprobar con la documentación, enviada en fecha 02 de Abril del 2008.

- El señor Lic. Victor Hidalgo indica que él me indicó cómo prepararme para lograr alcanzar mi acondicionamiento, mínimo requerido. El nunca me dio ninguna recomendación, ni escrita, ni verbal a pesar de tener conocimiento del problema de salud, que padecía en ese momento.

- Indica él señor Lic. Victor Hidalgo que la suscrita nunca presentó ningún dictamen médico, consignando su afectación física. Al respecto le manifestó que el día 6 de agosto, después de una reunión que tuvimos todos los integrantes del Curso Básico con la Licenciada Kattia Campos Zuñiga, Directora de la Unidad de Capacitación del O.I.J, donde presentó a los integrantes de la Escuela Judicial. Al finalizar la reunión, preocupada por mi situación, le informé, sobre mi estado de salud, manifestándome la misma que no me preocupara, que ella posteriormente dialogaría con el señor Victor Hidalgo, le indiqué que yo tenía toda la documentación relacionada con mi accidente, a lo que ella me dijo que no me preocupara por esa situación. Tal vez por mi inmadurez o inexperiencia, no documenté dicha situación, como hice posteriormente en nota enviada el día 02 de Abril del 2008.

- Con respecto al motivo que indican, que como yo participé y aprobé satisfactoriamente otras materias del Programa Básico que requerían de más esfuerzo físico, sin manifestar dolencias físicas, ni incapacidades, como era la materia de Defensa Personal, en la cual se enseñan caídas, técnicas de inmovilización, patadas, defensas y técnicas de arresto. Le manifestó que el instructor en esa materia señor, Oscar Murillo Fernández, conocía de mi condición de salud ya que en varias ocasiones le manifesté de mi dolor al realizar determinados ejercicios, a pesar de mi dolor y mi deseo de continuar siendo parte del Organismo de Investigación Judicial, puse todo mi esfuerzo para lograr ganar esas materias, no sin antes indicar que ambas materias eran totalmente diferentes y requerían de otro tipo de esfuerzos y no como el de correr por varios kilómetros que era lo que más me afectaba, sino eran más de técnica, el instructor de dicha materia puede corroborar lo expuesto anteriormente, llamándolo al teléfono 8881-2662.

-Si bien es cierto nunca le informé al Jefe de la Sección de Delitos Contra La Propiedad, Lic. Gevanny Rodríguez Gómez, lugar donde estaba laborando antes de iniciar el curso básico policial, mi situación de salud, ya que en la reunión que tuvimos con la Licenciada Kattia Campos de la Escuela Judicial, ella nos había manifestado que de ahora en adelante estábamos a la orden de la Escuela Judicial.”

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Por mayoría, se dispuso: 1) Tomar nota de lo resuelto por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 2) Previamente a resolver lo que corresponda y como prueba para mejor resolver, solicitar a la Jefatura del Servicio Médico para Empleados, que informe a este Consejo a la brevedad, si con base en los registros contenidos en el expediente médico que al efecto cuenta doña Mónica, para la fecha de los exámenes sobre acondicionamiento físico, la citada servidora se encontraba en condiciones idóneas para realizarlos.

El Magistrado Chaves votó por acoger lo resuelto por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.”
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SE ACUERDA: Tomar nota. 

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ARTICULO VI

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, en oficio n.º 6946-08 del 19 de agosto de 2008, enviada a la Dra. Yamileth González García, Rectora, Universidad de Costa Rica   indica lo siguiente:

Para su muy estimable conocimiento, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N° 27-08, celebrada el 18 de agosto en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXIX
El Consejo Superior, en la sesión celebrada el 12 de junio de este año, artículo XLI, tomó el siguiente acuerdo:
"En sesión N° 64-07 celebrada el 30 de agosto del 2007, artículo XLVI, se aprobó el “Convenio para estudios de postgrado en la especialidad de Medicina Legal entre la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial”. Lo anterior, en el entendido que, el programa de especialización objeto de este convenio, está dirigido a funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y que la institución no asumiría ningún compromiso de orden laboral, con los estudiantes extranjeros que cursen esa especialidad.
          Además, se aprobó la suscripción del convenio indicado.-
         Con base en lo resuelto en la sesión N° 64-07 celebrada el 30 de agosto del 2007, artículo XLV, se remitió a la doctora Yamileth González García, Rectora de la Universidad de Costa Rica, un borrador del texto del citado convenio, con el fin de que revisara su contenido.

El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 35-CD/EJ-08 del 22 de mayo último, recibido el 2 de junio en curso, comunica el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 04-08 celebrada el 23 de abril de este año, artículo VIII, que en lo conducente dice:
         “La Lic. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte,  mediante oficio Nº 350-08 del 16 de enero de 2008, indica lo siguiente:
         Con base en lo resuelto por el Consejo Superior en la sesión n. º 64-07, celebrada el 30 de agosto del año pasado, artículo XLV, se remitió a la Dra. Yamileth González García, Rectora de la Universidad de Costa Rica, un borrador del texto “CONVENIO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA LEGAL ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”, con el fin de que revisara su contenido.
         Mediante los oficios números R-8380-2007 y 8570-07, recibidos el 18 de diciembre del año pasado y el 8 del mes en curso, respectivamente, el Lic. Ramón Bonilla Lizano, Director Ejecutivo de la Universidad de Costa Rica, remitió las observaciones realizadas al borrador de dicho convenio, es por esta razón que para el trámite que corresponda, le remito copia de esas observaciones.
         [...]
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LAUNIVERSIDAD DE COSTA RICAPARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA LEGAL
         La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior del PODER JUDICIAL, representados por don Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, Cédula 1-316-176, en su carácter de Presidente, actuando conforme al inciso 1º del artículo 60 de la Ley Orgánica del PODER JUDICIAL y la UNIVERSIDAD de Costa Rica, representada por doña Yamileth González García, mayor, divorciada, vecina de San José, Cédula 2-246-555, en carácter de Rectora, elegida según acuerdo de la Asamblea Plebiscitaria de 23 de abril de 2004, como autoridad estipulada en el artículo 40, inciso primero, del Estatuto Orgánico de la UNIVERSIDAD de Costa Rica,

CONSIDERANDO:                                                                     
I.-  Que desde hace años la UNIVERSIDAD de Costa Rica y el PODER JUDICIAL mantienen una estrecha relación en la enseñanza-aprendizaje de la medicina legal, sin que hasta la fecha se haya suscrito algún CONVENIO que regule los términos de esa cooperación.
II.-  En el año 1977 se establece el programa de posgrado de la Especialidad de Medicina Legal de la UNIVERSIDAD de Costa Rica, tendiente a la formación de los especialistas que en ese campo laboran y dan el apoyo a las funciones sustanciales del PODER JUDICIAL. Lo cual ha permitido aunar esfuerzos interinstitucionales, con el objeto de dar respuesta a la demanda de especialistas en el área de la Medicina Legal  y con ello garantizar una mayor eficiencia en la prestación de los servicios requeridos por la ciudadanía a través de los Tribunales de Justicia.
III.-  Que la enseñanza de la Medicina Legal se hace extensiva a nivel de grado a través de las cátedras correspondientes de la Escuela de Medicina y la Facultad de Derecho. 
IV.-   Que la celebración de este CONVENIO permitirá a ambas instituciones coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos y aprovechar al máximo los recursos destinados para tales efectos.

         ACORDAMOS:
         Suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, que se regirá por las siguientes cláusulas:

         PRIMERA: De las Definiciones.
El PODER JUDICIAL: El Poder Judicial de la República de Cosa Rica;
La UNIVERSIDAD: La Universidad de Costa Rica;
Las PARTES: El Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica;
El O.I.J.: El Organismo de Investigación Judicial;
El S.E.P...: El Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica; y El CONVENIO: El presento Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica para Estudios de Posgrado en la Especialidad de Medicina Legal. 
         SEGUNDA: Del Objeto. 
El objeto del presente CONVENIO, es brindar por parte de la UNIVERSIDAD respuesta al PODER JUDICIAL a la demanda de especialistas en el área de Medicina Legal, mediante la impartición de un Posgrado en la Especialidad de Medicina Legal dirigido a funcionarios y funcionarias judiciales y con ello garantizar una mayor eficiencia en la prestación de los servicios requeridos por la ciudadanía a través de los Tribunales de Justicia. Asimismo, el Poder Judicial no asumiría ningún compromiso de orden laboral con los estudiantes extranjeros que pudieren cursar el Posgrado en la Especialidad de Medicina Legal en conformidad con lo establecido en el presente CONVENIO.

         TERCERA: De los Compromisos. 
La UNIVERSIDAD, en conformidad con los requisitos de admisión establecidos en el Reglamento del S.E.P., se compromete a la recepción, trámite de matrícula, enseñanza y posterior graduación como especialistas en Medicina Legal de los médicos estudiantes seleccionados por el O.I.J. Lo anterior siempre y cuando cumplan con  los requisitos establecidos para dichos fines en el presente CONVENIO. 

         CUARTA: De los cronogramas, planes y requisitos administrativos y educativos. 
La revisión e implementación de los cronogramas y planes de estudio, será llevado a cabo por la UNIVERSIDAD, atendiendo las observaciones que realice el PODER JUDICIAL.  La UNIVERSIDAD y el PODER JUDICIAL se comprometen a respetar sus respectivas normativas internas, así como los requisitos administrativos y educativos de ambas PARTES. Toda relación de los médicos estudiantes de índole académico será propiamente con la UNIVERSIDAD y la de índole laboral con el PODER JUDICIAL. 

QUINTA: De los requisitos de ingreso.  
Se entiende y conviene que la participación de los estudiantes en el Programa del S.E.P. será coordinada e implementada por medio de las acciones conjuntas entre la UNIVERSIDAD y el PODER JUDICIAL, respetando los requisitos administrativos y educativos de ambas PARTES.

         SEXTA: De los compromisos y garantías del PODER JUDICIAL.  
El PODER JUDICIAL se compromete y garantiza a la UNIVERSIDAD el uso de sus instalaciones y de los laboratorios del O.I.J. que resulten necesarios para la formación profesional, con las restricciones que la Dirección General de dicho Organismo, por razones de seguridad, pueda determinar.

         SÉTIMA: De la designación de Profesores y Coordinadores. 
Los Profesores y Coordinadores médicos de la especialidad, serán designados por la UNIVERSIDAD entre los especialistas que laboran en el Departamento de Medicina Legal del O.I.J., de acuerdo con la normativa universitaria vigente. La remuneración de las horas dedicadas a la enseñanza será a cargo de la UNIVERSIDAD. 

         OCTAVA: De la Supervisión General de la Enseñanza. 
Los  Profesores  y Coordinadores médicos designados por la UNIVERSIDAD, estarán bajo la autoridad del S.E.P., a través de la Escuela de Medicina de la UNIVERSIDAD, la que tendrá a su cargo la supervisión general de la enseñanza.

         NOVENA: De la distribución de obligaciones docentes. 
Los Profesores y Coordinadores médicos designados por la UNIVERSIDAD, se comprometen a hacer la distribución de obligaciones docentes de los profesores y alumnos, bajo el Sistema de Residencia Universitaria.

         DÉCIMA: Del apoyo a docentes y estudiantes. 
Con sujeción a las leyes, regulaciones vigentes y a la disponibilidad de recursos, la UNIVERSIDAD y el PODER JUDICIAL, otorgarán el apoyo necesario a sus Profesores,  Coordinadores médicos y alumnos para la realización de estudios, investigaciones y trabajos finales de graduación en el campo de la Medicina Legal.

         UNDÉCIMA: De los Garantes del CONVENIO.  
Para garantizar el fiel cumplimiento de este CONVENIO se designa por parte del PODER JUDICIAL  a quien ocupe la Jefatura del Departamento de Medicina Legal, y por parte de la UNIVERSIDAD se designa a quien ocupe la Dirección de la Escuela de Medicina de la UNIVERSIDAD.

         DUODÉCIMA: De la Vigencia. 
El presente CONVENIO tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha en que el mismo sea suscrito por ambas PARTES. El plazo de vigencia podrá prorrogarse por escrito, para lo cual se iniciarán las gestiones por lo menos seis meses antes de la finalización del CONVENIO e incluirán la evaluación integral del cumplimiento de los objetivos alcanzados hasta ese momento.  En todo caso, las actividades que estén en curso en el momento de la denuncia, continuarán hasta su finalización.
 
         DÉCIMOTERCERA: De la Terminación Anticipada.
 Cualquiera de las PARTES podrá finalizar anticipadamente este CONVENIO para lo cual bastará una notificación fundamentada al respecto con por lo menos tres meses de antelación. Asimismo, en caso de incumplimiento demostrado de alguna de las PARTES con los compromisos adquiridos, la otra de las PARTES queda facultada para solicitar la rescisión del CONVENIO. La terminación del CONVENIO, no afectará de manera alguna cualquier actividad o proyecto que se esté ejecutando, siempre y cuando las causas que motivan la terminación del CONVENIO no estén ligadas a la actividad o proyecto pendiente de conclusión.
       DÉCIMOCUARTA: De la Modificación o Prórroga.  
Este CONVENIO podrá ser modificado total o parcialmente, durante su vigencia o bien al ser prorrogado, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la UNIVERSIDAD y el PODER JUDICIAL.   

DÉCIMOQUINTA: 
De la Suscripción y formalización del CONVENIO.  Este CONVENIO es a título gratuito, y por lo tanto, de cuantía inestimable. Se suscribe y se formaliza según acuerdo tomado por Corte Plena en Sesión Nº________.                                              
Plenamente impuestos del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos conformes en dos tantos, uno para cada una de las PARTES, a los _____ días del mes de _____ del año Dos Mil______.

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         SE ACUERDA: Aprobar las recomendaciones realizadas por las diversas instancias de la Universidad de Costa Rica, las cuales se incluyeron en lo conducente en la última versión del borrador del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA LEGAL”, descrito anteriormente.  Comuníquese al Consejo Superior para su conocimiento.  ACUERDO FIRME.”
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         Se acordó: Trasladar a conocimiento de Corte Plena, el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, con la recomendación de que se apruebe la suscripción del “Convenio para estudios de posgrado en la Especialidad de Medicina Legal entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica”.
La Escuela Judicial, la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Medicina legal, tomarán nota para lo que corresponda a cada uno.”

Se dispuso: Aprobar el “Convenio para estudios de posgrado en la Especialidad de Medicina Legal entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica”.  Se declara acuerdo firme.”

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SE ACUERDA: Tomar nota. 

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ARTICULO VII

La Licda. Kattia Campos Zuñiga, jefa de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio n.º 158-08 del 27 de junio de 2008, enviado al Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial,   indica lo siguiente:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito informarle que a solicitud de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, debido a la urgente necesidad de capacitar al personal de primer ingreso a la policial judicial, en las materias de armas y defensa personal, con el fin de que realicen con la mayor prontitud trabajo de campo y no solo administrativo en sus oficinas; en los próximos meses se estará programando consecutivamente el Curso Básico de Armas y Defensa Personal (Curso de inducción).

Por tanto, la Unidad de Capacitación del O.I.J., se ve en la necesidad, de suspender durante el segundo semestre del año en curso, toda la capacitación programada en el Plan Anual 2008, de los cursos sobre armas (Uso y Manejo de Escopeta 12 gauge) y defensa personal (PR-24 Avanzado, Custodia y Traslado de Detenidos, Defensa Personal.).

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SE ACUERDA:  Que en vista de la urgencia de capacitar al personal de primer ingreso a la policial judicial en las materias de armas y defensa personal correspondiente al curso de inducción, para que realicen lo antes posible el trabajo de campo, se autoriza que se suspenda la capacitación programada en el Plan Anual 2008 para el segundo semestre, correspondiente al programa de especialización de los cursos sobre armas (Uso y Manejo de Escopeta 12 gauge) y defensa personal (PR-24 Avanzado, Custodia y Traslado de Detenidos, Defensa Personal.  Comuníquese a la Unidad de Capacitación del O.I.J. ACUERDO FIRME.

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ARTICULO VIII

El Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, manifiesta que ya se debe comenzar a trabajar en el plan de trabajo para el 2009, por lo que solicita que se proceda a solicitar a las diferentes Unidades de Capacitación que remitan los planes de necesidad de capacitación para el 2009 con el objeto de tomarlas en cuenta en el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial y que el período de recepción se cierra el 31 de octubre de 2008.

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SE ACUERDA:  Hacer instancia  a la Defensa Pública, Ministerio Público, Departamento de Gestión Humana y Unidad de Capacitación del O.I.J., que remitan a más tardar el 31 de octubre de 2008 a la Escuela Judicial, el plan de necesidades de capacitación que se deben incluir dentro del Plan de Trabajo  para el 2009.  ACUERDO FIRME.

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Se levanta la sesión a las doce horas.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda               	         Dr. Marvin Carvajal Pérez
PRESIDENTA  		                               	          DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL